El Gobierno Mexicano está Arriesgando la Vida de Gays al Recortar los Fondos para el VIH

Durante años, diversas organizaciones de la sociedad civil han colaborado con el gobierno federal de México para llevar a cabo actividades de prevención y pruebas de VIH. Ese trabajo está ahora bajo amenaza debido a la orden del presidente López Obrador de detener el flujo de fondos públicos a las ONGs en el país.

Las organizaciones de la sociedad civil son un componente vital en la respuesta de México a la epidemia, particularmente con poblaciones clave gravemente afectadas por el VIH. A pesar de que estos grupos tienen un riesgo significativamente mayor, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans y las trabajadoras sexuales a menudo se quedan fuera de las acciones del gobierno debido a la dificultad para llegar a ellos, la falta de atención médica calificada y culturalmente competente de los proveedores, debido a la homofobia y transfobia.

Muchas organizaciones que prestan servicios para poblaciones clave podrían desaparecer o experimentar serias dificultades financieras a medida que se implementa la orden dada por el presidente López Obrador. Recientemente dijo, durante una conferencia de prensa, que dado que algunas organizaciones de la sociedad civil han sido parte de actividades de corrupción, la financiación pública se detendría a toda la sociedad civil, independientemente del tipo de trabajo que realicen.

El gobierno mexicano ha desempeñado muy bien su papel en la gobernanza del sistema de salud y también brindando tratamiento gratuito a todas las personas que necesitan medicamentos contra el VIH. Sin embargo, para las actividades de prueba y prevención, el Estado no puede hacerlo por sí mismo. Desde 2006, el Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud (CENSIDA) comenzó a apoyar financieramente a estas organizaciones siempre que estuvieran registradas, pagaran impuestos y tuvieran buenos sistemas de rendición de cuentas. Durante más de una década, los programas financiados con fondos públicos han tenido buenos resultados y no ha habido evidencia de corrupción.

Durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Ámsterdam el año pasado, ONUSIDA reconoció como una buena práctica internacional el trabajo que realizan el CENSIDA y las ONG mexicanas como una práctica exitosa de «contratación social» promovida internacionalmente por las Naciones Unidas para mejorar la respuesta mundial al VIH. La contratación social significa que los gobiernos proporcionan fondos a las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo actividades que serían difíciles o costosas desde el punto de vista oficial. El hecho de que las OSC brinden servicios a las poblaciones clave también es importante porque la mayoría de ellas están creadas por las propias comunidades que tienen la oportunidad de trabajar más cerca de los grupos más afectados con menos recursos y un mayor impacto.

La decisión del presidente de dejar de financiar a las OSC también afecta a las organizaciones que trabajan en otros campos, incluidos los derechos humanos, los problemas ambientales, la participación política y el empoderamiento de las mujeres, entre otros. También se generó una controversia sobre la decisión de dejar de financiar refugios para las víctimas de la violencia de género y sus familias, en particular porque no se implementó ningún plan para atender las necesidades de las mujeres que sufren violencia. La mayoría de los refugios tendrán que cerrar por completo sin fondos públicos.

Debido a que México es considerado como un país de ingresos medios altos, hay muy poca financiación internacional y los donantes externos son cada vez más escasos. Por otro lado, una cultura para que los donantes individuales apoyen a las organizaciones de la sociedad civil como en los Estados Unidos no existe realmente en México, aunque hay algunas excepciones. Las grandes empresas y el sector privado en general solo apoyan a las organizaciones de asistencia social porque su principal objetivo es deducir los impuestos.

La sociedad civil ha jugado un papel muy importante en la democratización del país. Muchos altos funcionarios del gobierno actual han colaborado con ONGs en el pasado, y les preocupa que nadie del gobierno esté cuestionando la peligrosa decisión del presidente. Es crucial que los recursos se distribuyan porque ya fueron aprobados por el Congreso el año pasado y están listos para ser desembolsados.

Inspira Cambio es una organización que brinda servicios de prevención y pruebas de VIH e ITS para hombres jóvenes homosexuales y bisexuales. Inspira tiene una sólida base de voluntarios que implementa pruebas y distribuye condones en áreas de riesgo porque allí es donde se encuentran las poblaciones clave. Entonces, a pesar del hecho de que gran parte del trabajo es realizado por voluntarios, Inspira necesita fondos para la administración, el alquiler y el apoyo para los esfuerzos cruciales de sus voluntarios.

Uno de los grupos más afectados por las epidemias de VIH y Hepatitis C en México son los usuarios de drogas inyectables. Muchos de ellos son inmigrantes deportados de los Estados Unidos o personas que nunca pudieron cruzar la frontera de México y se quedaron en ciudades como Tijuana, Juárez, Nogales o Mexicali. En Mexicali, la organización Verter implementa actividades de reducción de daños para las personas que se inyectan heroína y otras drogas para disminuir la posibilidad de transmisión del VIH y Hepatitis C. Distribuyen jeringas y una sustancia para prevenir una sobredosis, así como servicios de primeros auxilios para personas que tienen problemas de salud como resultado de su uso de drogas.

Cientos de organizaciones en todo el país necesitan fondos públicos, y su labor impactante debe ser reconocida por el presidente López Obrador. Él y su administración necesitan invertir plenamente en las vidas de las poblaciones vulnerables.

¿Qué opinas sobre el presidente López Obrador y su orden de detener la financiación de las ONG?

Imagen destacada por John Moore / Getty Images